La Asociación de Servicios de Promoción Laboral se solidariza con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, quien vio violentado su derecho a la libertad sindical por parte de un grupo de asociados que convocando a una Asamblea General espuria, tomo acuerdos que comprometen el buen accionar del sindicato, con apoyo del Gobierno de Oscar Arias, en un intento más de violentar el Estado de derecho y los derechos Laborales.
Un grupo de dirigentes de SINTRAJAP, con el apoyo de CUSIMA, al CGT, ANEP y otras organizaciones sindicales, se mantiene en el despacho del Ministro de Trabajo, exigiendo que no se le dé trámite a los acuerdos de la asamblea del 15 de enero.
SINTRAJAP venía oponiéndose a la concesión, amparado en la Convención Colectiva, que obliga al Gobierno a contar con el aval de las y los trabajadores. Ante esto el gobierno
La intromisión del patrono o del gobierno en la vida interna del sindicato es considerada a todas luces una violación a la libertad sindical.
La acción promovida por el gobierno quebranta las normas internacionales que regulan la libertad sindical como es el caso del convenio 87 de la OIT.
Un recuento de los hechos
Después de la Asamblea, las personas trabajadoras decidieron protestar frente al Ministerio de Trabajo solicitando que no se reconozca dicha Asamblea por considerarla espuria ya que no contó con el aval de los órganos del sindicato.
Ante esto el Ministro rompió el diálogo y luego de varios días de protestas obreras, el Ministro de Trabajo abandonó su puesto e interrumpió la interlocución con las fuerzas sindicales enfrentadas, lo que conllevó a la toma del edificio que se ha mantenido bajo la amenaza de irrupción de las fuerzas antimotines amparados por una orden de desalojo emitida por la Fiscalía.
Por estas razones desde ASEPROLA consideramos importante:
• Rodear de toda solidaridad a SINTRAJAP
• Condenar el ataque a la libertad sindical
• Solicitar al Gobierno de Costa Rica el respeto de los derechos laborales y la no intromisión en asuntos sindicales
• Oponernos a cualquier intervención estatal que atente contra la seguridad física y psicológica de cualquiera de los manifestantes.
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