Costa Rica 24 de febrero

"Continua arremetida gubernamental en SINTRAJAP".

Gobierno pretende sacar a dirigentes sindicales escogidos legalmente para imponer a quienes fueron electos el 15 de enero.

El Ministerio de Trabajo este martes 23 comunico la aceptación del cambio de Junta Directiva de SINTRAJAP dado en una Asamblea de trabajadores realizada el 15 de enero, conformada por aquellos que están en favor del proyecto gubernamental de concesión de la administración del puerto de Atlántico por una empresa privada.
Mientras esto ocurre, los muelles de Limón han sido tomados por la Fuerza Pública, para impedir que los trabajadores y la comunidad limonense tomen medidas de protesta como el cierre de los muelles. Además la Junta Directiva ilegítima del sindicato aseguró a medios de comunicación que asumirán las oficinas del sindicato con la fuerza pública.
Dentro del proyecto de concesión se contempla una millonaria indemnización a los trabajadores a cambio de renunciar a la convención colectiva. La Junta Directiva afectada interpuso una demanda al Ministerio de Trabajo por ingerencia en asuntos internos de la organización, conflicto que fue llevado vía la conciliación. En esta instancia el Ministerio acepta que la Junta Directiva del Sindicato realizara este viernes 26 de febrero una Asamblea de Trabajadores para dirimir de una vez el conflicto y los trabajadores/as tomaran la definición sobre el tema de renunciar o no a la convención colectiva y dar paso al proceso de concesión de los puertos. Prácticamente este acuerdo vía conciliación dada reconocimiento tácito a la Junta Directiva que fue elegida en el 2009 y cuyo periodo culminaría en 2011. Sin embargo, estimando que la asamblea de trabajadores del 26 de febrero rechazara el proyecto del gobierno, el Ministerio de Trabajo decide (este 22 de febrero) dar por aceptable la Asamblea de Trabajadores de enero pasado. La primera decisión de la ahora Junta Directiva es suspender la asamblea de este viernes y dar por válido los acuerdos de enero. Esta situación pone en tensión el ambiente laboral y social en los puertos y en la cuidad limonense, el gobierno a desplazado contingentes de policías y grupos de represión en una maniobra creciente de militarización de la cuidad. La Junta Directiva afectada continúa impugnado la decisión del Ministerio de Trabajo vía judicial, pero es claro que el Gobierno no va a ceder y difícilmente respetaría cualquier fallo, varios ejemplos se dieron durante estos cuatro años del gobierno de los Arias y que ahora continuara con la presidenta Chinchilla, políticamente de la costilla de los Arias. ASEPROLA mantiene seguimiento a este caso solicitando estar listos a todas las organizaciones sociales y sindicales nacionales e internacionales para hacer acto de solidaridad e indignación que provoca este caso.